Perspectivas
Recibe una llamada de un cliente que está en pánico, propietario de una pequeña empresa exitosa. Su cliente estaba revisando algunos registros financieros, una tarea de la que generalmente se ocupaba un antiguo empleado de confianza, y notó una serie de transacciones inusuales. Existe un patrón de retiros en el que los montos se hacían mayores y más frecuentes con el tiempo, y todos se hacían a un puñado de proveedores que el propietario no reconoce. Tras echar un vistazo a los informes financieros de los últimos cinco años, el propietario se da cuenta de que no se registraron más de $3 millones.
Este escenario es demasiado común para muchos propietarios de empresas. A menudo, convocan a sus contadores públicos certificados (CPA) para que ayuden a descubrir lo que se ha vuelto evidente: se ha cometido un fraude. Habitualmente, esto implica contratar a un abogado y a un contador forense para que lleven a cabo una investigación.
En los siguientes pasos se describe cómo los contadores forenses y los abogados con experiencia en asuntos de guante blanco pueden trabajar juntos para asegurarse de que se defiendan los derechos del cliente, se aborden adecuadamente las cuestiones legales y se implementen las protecciones contables para velar por las finanzas del cliente en el futuro.
Contrate a un abogado tan pronto como se presuma que ha ocurrido un fraude. Contratar a un abogado para la investigación permitirá que la comunicación con el abogado esté cubierta por la relación de confidencialidad entre abogado y cliente. Las conversaciones entre el cliente, el contador forense y el abogado, por lo tanto, están protegidas del descubrimiento de pruebas en caso de que la investigación dé lugar a una acción legal en nombre del cliente, el gobierno o cualquier tercero.
Los abogados pueden ayudar al cliente a entender el panorama general y evaluar los posibles obstáculos legales a medida que avance la investigación. Es más probable que los abogados tengan relación con las autoridades de aplicación de la ley en caso de que sea necesaria una recomendación penal. Saber cómo facilitar las conversaciones con las autoridades de aplicación de la ley o las agencias de gobierno cuando esté justificado, y saber cuándo recomendar que no se recurra a esas entidades si no redunda en interés del cliente, es un componente importante de la función del abogado.
Antes de comenzar la investigación de un posible fraude, determine los objetivos del cliente. Por lo general, prioriza la recuperación de los fondos perdidos y querrá que el asunto se mantenga confidencial. Es posible que algunos quieran evitar la intervención de las autoridades de aplicación de la ley, mientras que otros pueden estar más interesados en remitir el asunto a las autoridades. Evaluar los objetivos del cliente al comienzo, y elaborar un plan de investigación en consecuencia, puede ayudar a asegurar que el alcance de la investigación aborde las necesidades del cliente.
El trabajo conjunto para planificar la investigación es un próximo paso clave. El plan de trabajo de investigación se elaborará de acuerdo con los hechos y las circunstancias de cada caso. Se considerarán la recopilación de datos, el análisis de datos, la revisión de correos electrónicos, las cuentas del libro mayor, las áreas de enfoque, la revisión de documentos, las entrevistas y la elaboración de informes. Es posible que se necesite la colaboración de profesionales de tecnología informática (TI) con experiencia relevante en la conservación y recopilación de información almacenada electrónicamente de una manera sólida desde el punto de vista forense. Además, el plan de trabajo de investigación incluirá a qué empleados deberá entrevistarse y en qué orden.
Los abogados y los contadores forenses deben tener un plan de juego en cuanto a cómo se realizarán las entrevistas. Los abogados suelen tener experiencia en la entrevista de personas sospechosas por conducta indebida y tienen las habilidades necesarias para obtener información útil de esos testigos, aun cuando una entrevista no sea lo más conveniente para el empleado. También es importante estructurar las entrevistas de una manera que maximice la probabilidad de obtener información útil. Por estos motivos, los abogados a menudo tomarán la iniciativa, y los contadores forenses harán preguntas de seguimiento que requieran experiencia técnica financiera y contable para ayudar a reunir información importante relacionada con las actividades fraudulentas. Los contadores forenses pueden ayudar a reunir información relacionada con los controles internos de la empresa y a identificar a otros empleados contables y financieros para entrevistar que puedan tener conocimiento de la actividad sospechosa que se investiga.
Los CPA que son miembros del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) y que intervienen en asuntos de investigación están sujetos a las normas delineadas en la Declaración sobre normas de servicios forenses n.º 1 del AICPA. Las normas generales de la profesión que se aplican a todos los servicios prestados por un miembro, incluidos los servicios de investigación, son las siguientes:
Las investigaciones más efectivas son aquellas en las que el abogado, el contador forense y las partes interesadas clave del cliente se comunican con frecuencia. Es importante que el abogado y el contador forense trabajen con el cliente para comprender mejor el modelo de negocio, los sistemas, el personal y otra información relevante para la investigación. El abogado y el contador forense pueden proceder de diferentes firmas, pero a menudo las investigaciones exitosas suelen parecer realizadas por un solo equipo. Esto puede incluir colaborar en la identificación de temas y/o transacciones para tratar durante las entrevistas, compartir notas de las entrevistas o mantener llamadas regulares para analizar el estado de la investigación. Debido al rol de abogado en la investigación, estas comunicaciones son confidenciales y deben facilitar un diálogo abierto entre el abogado, el contador forense y el cliente.
Si bien una investigación conjunta llevada a cabo por abogados y contadores forenses es una mejor práctica en respuesta a sospechas de fraude, los CPA pueden ayudar a sus clientes mucho antes al recomendar algunas protecciones de sentido común para mitigar el riesgo de robo:
Les agradecemos a nuestro colega L. Erik Ringoen, y a Zachary R. Epstein y Richard J. Zack, ambos integrantes de la firma de abogados Troutman Pepper, por brindar sus conocimientos y experiencia, que fueron de gran ayuda en esta investigación.
L. Erik Ringoen, CPA, ABV, CFF, es vicepresidente sénior de la práctica de Valuaciones y Daños Económicos de J.S. Held. He se unió a J.S.Held en enero de 2024, como parte de la adquisición de J.S. Held de Forensic Resolutions, Inc. Tiene más de 30 años de experiencia asistiendo a clientes en asuntos que incluyen investigaciones financieras, consultoría en litigios y disputas, auditoría financiera, impuestos y daños económicos. Erik es contador público certificado en Pensilvania y Delaware y cuenta con una certificación en análisis financiero forense y está acreditado en valoración de empresas por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Ha dirigido equipos multidisciplinarios encargados de realizar investigaciones financieras y sobre fraudes, debida diligencia, investigaciones sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), bancarrota y servicios de gestión de reclamos, tanto a nivel nacional como internacional.
Puede comunicarse con Erik escribiendo a [email protected] o llamando al +1 856 433 6059.
Zachary R. Epstein es asociado en la práctica de Investigaciones Gubernamentales y de Delitos de Guante Blanco de Troutman Pepper. Concentra su ejercicio en clientes corporativos y particulares que enfrentan investigaciones del Departamento de Justicia de los EE. UU., investigaciones internas, y ofrece a los clientes orientación en materia de cumplimiento y regulaciones. Zach también mantiene una práctica activa representando a clientes corporativos acusados de violaciones de la Ley de Reclamos Falsos.
Se puede contactar a Zachary escribiendo a [email protected] o llamando al +1 215 981 4030.
Richard J. Zack es asociado en la práctica de Investigaciones Gubernamentales y de Delitos de Guante Blanco de Troutman Pepper. Richard es exfiscal federal y tiene amplia experiencia en la representación de empresas, particulares, y especialmente firmas de servicios financieros, ante fiscales y autoridades reguladoras federales y estatales. Normalmente asesora a empresas en materia de prevención de la corrupción y cumplimiento de las leyes contra el soborno. Richard también es un experimentado abogado litigante que ha llevado más de 35 casos civiles y penales a veredicto en jurisdicciones de todo Estados Unidos. Habitualmente brinda asesoramiento respecto de licencias de transferencia de dinero y asuntos relacionados, así como sanciones gubernamentales contra países extranjeros, además del cumplimiento de las regulaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la red Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). También dirige la práctica de Sanciones y Controles de Comercio y habitualmente se ocupa de asuntos de todo el mundo, con frecuencia de múltiples jurisdicciones. En ese rol, suele representar a clientes ante la OFAC, el DOJ, el FBI y el Departamento de Comercio y otras agencias gubernamentales.
Puede contactarse con Richard enviando un correo electrónico a [email protected] o llamando al +1 215 981 4726.
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