Perspectivas
Fecha de publicación: 9 de julio de 2024
Las agencias federales son objeto de ataques. Las recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos están erosionando antiguos principios del derecho administrativo. Aunque muchos las promocionan como una victoria para las empresas, las sentencias recientes han sembrado más incertidumbre en los marcos regulatorios y probablemente darán lugar a muchas más impugnaciones de los programas vigentes, lo que podría suponer cambios significativos en todos los programas normativos federales.
Hace poco, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió dos fallos que muchos consideran la culminación de décadas de lucha por reducir la intervención gubernamental en las empresas estadounidenses. El viernes, 28 de junio de 2024 la Corte anuló 40 años de precedentes (y miles de sentencias de tribunales inferiores) en el caso Loper Bright Enterprises contra Raimondo, N.º 22-451 al estimar que la deferencia Chevron, que otorga a las agencias la potestad de interpretar normas federales, es incompatible con la Ley de Procedimientos Administrativos (APA). El siguiente día laborable, el lunes 1 de julio de 2024, la Corte siguió esta decisión histórica con otro revés a la potestad de las agencias en Corner Post contra la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, N.º 22-1008, al sostener que el plazo para presentar demandas empieza a contar cuando un reglamento afecta por primera vez a una empresa y no desde que se adopta el reglamento. Estas decisiones, tomadas en conjunto, tienen importantes implicaciones para las empresas, ya que amplían la capacidad de los litigantes de impugnar los reglamentos emitidos por diversas agencias federales y aumentan la incertidumbre en cuestiones de derecho administrativo.
El caso Chevron contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, 467 U.S. 837, que se resolvió en 1984, otorgó a las agencias federales una amplia potestad para interpretar y aplicar la legislación federal. La deferencia Chevron buscaba otorgar a una agencia la facultad de llenar vacíos cuando el Congreso promulgaba una ley que no era lo suficientemente clara. En virtud del fallo Chevron, los tribunales debían remitirse a la interpretación de una agencia federal de una norma federal ambigua si: (1) el Congreso no se había pronunciado directamente sobre la cuestión específica, y (2) la interpretación de la agencia se basaba en una interpretación permisible de la norma. El razonamiento para tal deferencia era que se consideraba que los científicos, economistas y otros especialistas contratados por las agencias tenían más experiencia que los jueces para determinar cuestiones específicas que a menudo implicaban la aplicación técnica de una normativa federal muy amplia. En la práctica, también limitó la capacidad de los litigantes de impugnar las decisiones administrativas y aumentó el control regulador del ejecutivo sobre las empresas estadounidenses.
En los últimos años, la Corte ha manifestado su malestar por permitir que otro poder tenga un control tan amplio sobre la interpretación de la ley federal. En el caso West Virginia contra la EPA de 2022, 142 S. Ct. 2587, la Corte adoptó una "doctrina de cuestiones importantes" que prohíbe que las agencias resuelvan cuestiones de importancia económica y política sin una clara autorización establecida por ley. La Corte estableció de hecho una limitación a la deferencia de Chevron (sin anularla explícitamente) y sostuvo: "Asumimos que el Congreso tiene la intención de tomar él mismo las decisiones políticas importantes, no de delegarlas en las agencias".
La sentencia Loper sigue la misma lógica hasta su consecuencia quizás inevitable y la Corte declara ahora de forma explícita en una opinión escrita por el presidente de la Corte Suprema Roberts que "[l]a deferencia Chevron que los tribunales deben otorgar a la acción de una agencia es incompatible con la [Ley de Procedimientos Administrativos]". Esta opinión supone un retorno a "la concepción tradicional de la función judicial, según la cual los tribunales deben ejercer un juicio independiente para determinar el significado de las disposiciones legales". La Corte explicó: "No [] tiene sentido hablar de una interpretación 'permisible' que no sea la que la Corte, tras aplicar todas las herramientas de interpretación pertinentes, concluya que es la mejor. En materia de interpretación de las leyes, si no es la mejor, no es permisible". La opinión caracterizó además la deferencia Chevron como "equivocada", remarcando que "las agencias no tienen ninguna competencia especial para resolver las ambigüedades normativas".
De cara al futuro, la sentencia Loper reduce considerablemente la autoridad de las agencias y aumenta en gran medida la capacidad de las empresas de impugnar reglamentaciones o resoluciones administrativas desfavorables. Los casos que antes los tribunales podían desestimar por motivos procesales citando la deferencia de Chevron a la interpretación de la ley federal por parte de las agencias, ahora requerirán una interpretación judicial explícita de las normas federales. Desde luego, al aumentar la capacidad de los litigantes de impugnar las decisiones administrativas, la validez de las reglamentaciones de las agencias también podría quedar en entredicho durante más tiempo, lo cual podría traducirse en incertidumbre normativa para las empresas. Al mismo tiempo, también puede suponer una menor volatilidad normativa tras ciclos electorales especialmente polémicos y cambios de liderazgo en el ejecutivo.
El fallo emitido el siguiente día hábil con algo menos de fanfarria en el caso Corner Post, Inc. contra la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal amplió aún más la capacidad de una empresa de impugnar reglamentaciones administrativas. Lo que estaba en juego en el caso era una ley de prescripción por defecto para las demandas contra los Estados Unidos que exige que "la demanda [sea] presentada dentro de los seis años siguientes al momento en que se origina el derecho de iniciar la acción". Según la agencia (y los tribunales inferiores), esta limitación debería significar que un litigante debe presentar la impugnación de una reglamentación de la agencia en un plazo de seis años a partir de la promulgación de dicha reglamentación. Pero no es así, dijo la Corte. Más bien, la Corte sostuvo que el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que el demandante sufra un perjuicio. En otras palabras, el plazo de seis años para presentar una demanda comienza cuando una reglamentación afecta por primera vez a una empresa y no cuando la reglamentación fue promulgada por la agencia.
En disidencia, la jueza Jackson pronostica que, especialmente combinada con la sentencia Loper, esta decisión tiene el potencial de "causar estragos en las agencias gubernamentales, las empresas y la sociedad en general". Escribe: "En otras palabras, un plazo de prescripción fijo, que empieza a correr a partir de la acción de la agencia, era un freno al desorden caótico de las normas establecidas por las agencias; el criterio de que se respetaran las interpretaciones razonables de una agencia sobre su competencia legal para emitir era otro. La Corte ha eliminado ahora ambos".
Como señala el juez Jackson, las decisiones combinadas han reducido aquello que más anhelan las empresas: la certeza. Después de años de poder confiar en las reglamentaciones de las agencias federales una vez finalizado el proceso de elaboración de normas y agotadas las impugnaciones, esa certeza ya no existe. Para las empresas que hicieron grandes inversiones con el fin de cumplir los requisitos normativos, esto puede generar condiciones de competencia desleal. Piense en un escenario en que un nuevo competidor de su industria apela con éxito un antiguo requisito de la Ley de Aire Limpio, por el que usted invirtió cientos de millones de dólares en filtros para cumplirlo, y luego se entera de que el competidor no tiene que hacer lo mismo.
Esta combinación de decisiones tiene el potencial de "causar estragos" en múltiples industrias. Hará que resulte más complejo determinar qué versión de las normas de la agencia son aplicables a su negocio, incluidos los requisitos de monitoreo e información sobre el cumplimiento. Las empresas también pueden esperar que las normas administrativas que están tratando de implementar en todas las operaciones empresariales estén ahora sujetas a un riesgo aún mayor de ser objeto de impugnación en un litigio. Esto hace que los equipos ejecutivos, los asesores internos, los responsables de cumplimiento, los gestores de riesgos y demás personal se encuentren en una situación difícil cuando intentan orientar sobre cómo pueden cumplir las empresas con los requisitos legales federales.
Para aumentar la resiliencia ante las cargas reglamentarias potencialmente variables a raíz de estas decisiones, es imprescindible que las empresas evalúen su exposición reglamentaria y, al mismo tiempo, estén al tanto de cualquier novedad relacionada con los requisitos aplicables de las agencias u otras expectativas. Para desenvolverse con seguridad y confianza en la volatilidad reglamentaria que impera en la actualidad, las empresas deberían considerar la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos, en particular de aquellos con experiencia como antiguos empleados de agencias federales, abogados en ejercicio y especialistas en reglamentación, en numerosos campos e industrias.
Queremos agradecer a nuestros colegas Kim Logue y John Peiserich por aportar ideas y conocimientos que han sido de gran ayuda en esta investigación.
Kim Logue es vicepresidenta asociada del grupo de Medioambiente, salud y seguridad - Riesgos y cumplimiento de J.S. Held. La Sra. Logue se especializa en riesgos ambientales y cumplimiento normativo. Con más de 15 años de experiencia en las áreas de ley ambiental y de recursos naturales, la Sra. Logue presta servicios de consultoría y peritaje para instalaciones industriales y estudios jurídicos en todo el país. Cuenta con amplia experiencia en la evaluación y gestión de las obligaciones de cumplimiento, tanto potenciales como ya existentes, con innovadoras estrategias enfocadas en el cliente. La Sra. Logue realiza auditorías de cumplimiento ambiental, asesora a los clientes para el desarrollo de sistemas de gestión ambiental eficaces y lleva a cabo la debida diligencia asociada a las fusiones y adquisiciones. Habitualmente brinda apoyo a los clientes en materia de elaboración de normas e iniciativas legislativas centradas en cuestiones ambientales y de recursos naturales.
Puede ponerse en contacto con Kim en [email protected] o llamando al +1 504 561 6563.
John F. Peiserich es vicepresidente ejecutivo y líder de la práctica de Medioambiente, salud y seguridad de J.S. Held. Con más de 30 años de experiencia, John ofrece servicios de consultoría y servicios expertos para la industria pesada y estudios de abogados de todo el país, centrándose en el petróleo y el gas, la energía y los servicios públicos. Tiene una vasta experiencia en la evaluación del riesgo asociado a las obligaciones de cumplimiento potenciales y continuas, en el desarrollo de estrategias en torno a esas obligaciones y en la aplicación de una estrategia de cumplimiento centrada en el cliente. El Sr. Peiserich tiene designaciones como monitor independiente a través del Programa de Suspensión e Inhabilitación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Apoya habitualmente a sus clientes en la elaboración de normas y en cuestiones legislativas relacionadas con la energía, el medioambiente, el petróleo y el gas, y otras cuestiones relacionadas.
Puede comunicarse con John escribiendo a [email protected] o llamando al +1 504 360 8373.