Perspectivas
J.S. Held expande sus capacidades en consultoría sobre códigos de construcción, ingeniería contra incendios y análisis forense en el oeste de Canadá con la adquisición de GHL Consultants
LEER MÁSLos esfuerzos de California para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en materia climática está avanzando a través de dos iniciativas principales: el Programa de Informes Corporativos sobre Gases de Efecto Invernadero y el Programa de Divulgación de Riesgos Financieros Relacionados con el Clima. A continuación se presenta un resumen de las directrices actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), tal y como se describen en su documento de preguntas frecuentes de julio de 2025.
Las empresas deben usar un marco reconocido (como TCFD) para identificar e informar riesgos sustanciales para los resultados financieros derivados de factores relacionados con el clima.
La CARB también permite flexibilidad en la elección del marco, pero espera que las divulgaciones sean específicas, completas y útiles para los inversores y el público.
California está desarrollando requisitos de divulgación de gases de efecto invernadero y de riesgos relacionados con el clima. Las empresas que cumplan los umbrales de ingresos y operativos deben revisar la normativa en constante evolución, considerar si sus circunstancias específicas justifican participar en las oportunidades de comentarios públicos y comenzar a prepararse para los plazos de presentación de informes y verificación a fin de cumplir con los plazos de presentación de informes en 2026. La CARB está intentando alinearse con los marcos establecidos; sin embargo, el paisaje normativo continúa evolucionando, y los litigios relacionados con las leyes de divulgación climática continúan avanzando. La orden del 13 de agosto de 2025 que rechaza la medida cautelar de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para prohibir los proyectos de ley 253 y 261 del Senado, permite que el programa continúe, al menos por ahora.
La sostenibilidad rápidamente ha pasado de ser una preocupación minoritaria a convertirse en un elemento fundamental de la planificación estratégica, el cumplimiento normativo y la gestión de la reputación corporativa. En la última década se ha producido un aumento sin precedentes de la concienciación sobre cuestiones ambientales y sociales, ya que el cambio climático, la escasez de recursos y las expectativas cambiantes de las partes interesadas exigen una atención urgente. Al mismo tiempo, el consenso global en torno a la mejor manera de procurar la sostenibilidad continúa siendo elusivo, con enfoques divergentes entre los gobiernos, los estados y las corporaciones. A medida que las corporaciones intentan hacer frente a las jurisdicciones y las presiones sociales, la planificación de la sostenibilidad se vuelve aún más compleja.
En ninguna parte son más pronunciadas estas tensiones que en las diferencias entre las políticas de sostenibilidad a nivel federal y estatal de Estados Unidos (California es un ejemplo notable) y la reciente recalibración de las ambiciones de la Unión Europea. Estas divisiones jurisdiccionales generan complejidades para las corporaciones multinacionales, que deben conciliar los mandatos locales con las operaciones globales y las expectativas de las partes interesadas. A esto se suman los riesgos legales en constante evolución: a medida que la responsabilidad corporativa se amplía para incluir no solo la gestión medioambiental, sino también la rentabilidad, las juntas directivas y los ejecutivos deben navegar por las peligrosas aguas de los litigios derivados de los accionistas, especialmente ahora que prácticas como el ecoblanqueo y el silencio verde son objeto de escrutinio.
Nuestra serie Contracorrientes continúa explorando los beneficios multifacéticos de la sostenibilidad, analiza las diferencias entre los enfoques de EE. UU. y la UE, y proporciona comentarios sobre el delicado equilibrio al que deben llegar los directivos de las empresas entre la generación de ganancias y la gobernanza responsable. Los ejemplos concretos de ecoblanqueo (greenwashing) y silencio verde (greenhushing) ponen de manifiesto los riesgos y las sutilezas de las prácticas de divulgación en el actual panorama de la sostenibilidad.
La definición de sostenido -"mantenido durante mucho tiempo sin interrupción ni debilitamiento"- puede ser el mejor lugar para comenzar a la hora de pensar en la sostenibilidad. La Escuela de Negocios de Harvard dice lo siguiente sobre la sostenibilidad:
La sostenibilidad en los negocios por lo general aborda dos categorías principales:
- El efecto que la empresa tiene en el medioambiente.
- El efecto que la empresa tiene en la sociedad.
El objetivo de una estrategia empresarial sostenible es generar un impacto positivo en al menos una de esas áreas. Cuando las empresas no asumen responsabilidad, puede ocurrir lo contrario, y generar problemas como degradación ambiental, desigualdad e injusticia social.
Las empresas sostenibles consideran una amplia variedad de factores ambientales, económicos y sociales al tomar decisiones empresariales. Estas organizaciones monitorean el impacto de sus operaciones para cerciorarse de que las ganancias a corto plazo no se conviertan en pasivos a largo plazo.
Para las empresas, incorporar la sostenibilidad en las operaciones tiene ventajas:
La justificación para buscar la sostenibilidad no es meramente ética o normativa; es una estrategia empresarial sólida, esencial para la resiliencia y la creación de valor a largo plazo. Sin embargo, los beneficios deben sopesarse con los desafíos que plantean los marcos normativos complejos y en constante cambio.
En Estados Unidos, la política de sostenibilidad es una mezcla confusa de ambición, precaución y contradicción. Históricamente, las iniciativas federales solían contemplar marcos generales e incentivos, pero los verdaderos impulsores de la innovación y la aplicación de la ley solían ser los gobiernos estatales, con California como referente. Las diferencias políticas han influido en la política tanto federal como estatal en los últimos años, con los estados rojos y azules adoptando posturas diametralmente opuestas.
A nivel federal, la política de sostenibilidad ha evolucionado con vaivenes, a menudo en respuesta al clima político prevaleciente. El gobierno de Biden priorizó la acción climática, incorporando incentivos para las energías renovables, normas de resiliencia climática y objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en importantes paquetes legislativos como la Ley de Reducción de la Inflación. En particular, las agencias federales comenzaron a elaborar normas para la divulgación obligatoria de los riesgos climáticos y normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos. Con la transición al gobierno de Trump, muchos de los programas del gobierno de Biden se descontinuaron. El cambio en la filosofía se refleja, a modo de ejemplo, en decretos ejecutivos tales como:
El resultado es un campo de juego en rápida evolución en el que las empresas pueden estar sujetas a algunos requisitos, pero pueden ver cómo otros se retrasan o se diluyen. La falta de congruencia suele ser lo más problemático porque impide la planificación corporativa efectiva.
California lidera el desarrollo de la política de sostenibilidad estadounidense. Los objetivos climáticos agresivos del estado, como lograr la neutralidad en carbono para 2045 y generar electricidad 100 % limpia para 2045, se encuentran entre los más ambiciosos del mundo. California también ha sido pionera en la regulación de las emisiones de los vehículos, los plásticos de un solo uso y la conservación del agua, con normas que superan con creces los estándares federales.
La reciente legislación estatal sobre la divulgación obligatoria de información climática por parte de las empresas obliga a estas a informar públicamente sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, los riesgos financieros relacionados con el clima y sus planes de mitigación. Para las empresas que operan en California, el cumplimiento no es solo una obligación sino un estímulo para la innovación: las inversiones en energía renovable, el almacenamiento de energía y los modelos de economía circular son cada vez más necesarios para mantener el acceso al mercado y la competitividad.
Asimismo, el liderazgo de California genera un efecto dominó. Otros estados suelen adoptar las normas de California, y las corporaciones pueden elegir alinear sus operaciones nacionales con las regulaciones de California para simplificar el cumplimiento y presentar un relato de sostenibilidad que pueda cumplir con las normativas de múltiples jurisdicciones.
Recorrer la división jurisdiccional entre las políticas de sostenibilidad federales y estatales exige agilidad y previsión. Las corporaciones nacionales y multinacionales deben armonizar las operaciones para cumplir con los requisitos más exigentes de California y al mismo tiempo evitar la sobreinversión en áreas en las que las normas federales pueden ser más indulgentes o no existir. Este desafío se extiende a la gestión de la cadena de suministro, la recopilación de datos y la comunicación con partes interesadas, lo que pone de relieve la necesidad de una infraestructura de sostenibilidad robusta, escalable y adaptable.
Para algunos, la división presenta oportunidades: lo que cumplen con las normas de California están bien posicionados para liderar en los mercados emergentes y demostrar sus credenciales de sostenibilidad en todo el mundo. Para otro, es una fuente de complejidad y riesgo, ya que los incumplimientos pueden desencadenar acciones legales o la pérdida de negocios. También existe un riesgo relacionado con las expectativas de los accionistas, que se describe a continuación, y una exposición política relacionada con ser "demasiado ecológico" en algunos casos.
Mientras que el panorama estadounidense se caracteriza por la complejidad estatal y federal, la Unión Europea ha defendido históricamente políticas de sostenibilidad unificadas y ambiciosas. El Pacto Verde, concebido como una hoja de ruta hacia la neutralidad climática para 2050, ha marcado la agenda de una serie de regulaciones sobre la fijación de precios del carbono, la agricultura sostenible y la divulgación obligatoria de información ESG.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado un retroceso en algunos de estos compromisos. Múltiples factores han contribuido a la recalibración de la UE.
La retirada parcial de la UE ha tenido repercusiones más allá de sus fronteras. Las corporaciones multinacionales que operan en Europa deben reevaluar la exposición al riesgo y las estrategias de cumplimiento, sopesando la posibilidad de retrocesos normativos con compromisos de sostenibilidad a largo plazo. Algunas empresas ven un alivio de las cargas inmediatas que supone el cumplimiento normativo, mientras que otras temen que una aplicación inconsistente erosione la confianza de los inversores y provoque críticas por parte de las partes interesadas.
Para las empresas con sede en EE. UU. y operaciones en la UE, el desafío se ve ampliado por la necesidad de conciliar normas divergentes en dos de los mercados más grandes del mundo. Mantener la credibilidad y la confianza en este contexto requiere una comunicación clara y uniforme y controles internos rigurosos.
A medida que la sostenibilidad se va incorporando a la estrategia corporativa, la necesidad imperiosa de generar valor para los accionistas sigue ocupando un lugar destacado como objetivo principal de la estrategia corporativa. Las juntas y los ejecutivos deben recorrer un camino que respete los compromisos de sostenibilidad al tiempo que genere ganancias; de lo contrario, se arriesgan a enfrentarse a litigios por parte de los accionistas que aleguen mala gestión.
El derecho corporativo consagra el deber de los directores y ejecutivos de actuar en el mejor interés de los accionistas. Cuando las inversiones en sostenibilidad no generan retornos significativos, los accionistas descontentos pueden iniciar demandas derivadas en las que aleguen que la dirección no ha maximizado el valor. La amenaza es especialmente grave cuando las empresas se exceden en costosas iniciativas de sostenibilidad o flaquean en su implementación.
El panorama legal está evolucionando, y los tribunales están cada vez más dispuestos a entender en casos relacionados con tergiversaciones medioambientales, la falta de divulgación de riesgos relacionados con el clima o el incumplimiento de obligaciones fiduciarias. La documentación sólida y la justificación transparente de los programas de sostenibilidad son defensas esenciales contra dichos reclamos.
El ecoblanqueo —la publicidad engañosa de productos o prácticas como respetuosos con el medio ambiente— es un problema cada vez más preocupante. La práctica expone a las empresas a investigación normativa, litigios civiles y daño a la reputación. Las agencias como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido y las autoridades europeas han intensificado el escrutinio, y han iniciado investigaciones y emitido multas.
Los consumidores también son más sofisticados: exigen afirmaciones fundamentadas y castigan a las empresas que exageran sus logros medioambientales. Las demandas de accionistas por ecoblanqueo están aumentando, y los demandantes buscan una compensación por las pérdidas sufridas debido a divulgaciones engañosas.
El silencio verde, por otra parte, describe la minimización deliberada o el ocultamiento de logros en materia de sostenibilidad para evitar las críticas, la atención normativa o los litigios. Las empresas pueden temer que dar a conocer sus esfuerzos las exponga a un escrutinio o a acusaciones de hipocresía, especialmente si sus programas no son exhaustivos o plenamente eficaces.
Si bien el silencio verde puede evitar el riesgo a corto plazo, socava la transparencia y erosiona la confianza de los inversores, consumidores y reguladores. El impacto es sutil, pero profundo: las empresas pierden oportunidades de diferenciación, compromiso de los empleados y lealtad de los accionistas, al tiempo que se exponen a sospechas y pérdida de alianzas.
Un ejemplo destacado de ecoblanqueo se produjo en el sector automotor cuando un importante fabricante multinacional comercializó sus vehículos "diésel limpios" como superiores desde el punto de vista medioambiental, promocionando sus bajas emisiones y el cumplimiento de estrictas normas medioambientales. Investigaciones posteriores revelaron que la empresa había instalado un software para manipular las pruebas de emisiones, lo que permitía que los vehículos superaran las verificaciones normativas mientras emitían contaminantes muy por encima de los límites legales durante el funcionamiento en el mundo real. La consecuencia fue grave: miles de millones de dólares en multas, cargos penales para los ejecutivos, demandas colectivas de los consumidores y un daño duradero a la reputación.
Hay muchos otros casos, como marcas de cuidado personal que etiquetan sus productos como "naturales" basándose en un mínimo contenido de ingredientes de origen vegetal, o minoristas de moda que exageran la sostenibilidad de sus cadenas de suministro. La lección es clara: las afirmaciones exageradas o no fundamentadas pueden tener consecuencias legales y financieras drásticas.
El silencio verde puede ser más sutil, pero igualmente significativo. Considere una empresa de indumentaria global que, después de hacer una gran inversión en textiles sostenibles y tecnologías de reducción del consumo de agua, elige no dar a conocer sus logros. Los ejecutivos temían que anunciar sus avances pudiera provocar críticas por parte de los grupos de defensa si sus esfuerzos se consideraban incompletos o desencadenar un escrutinio legal en caso de que surgieran discrepancias durante la investigación. En consecuencia, los avances significativos y el gasto considerable de la empresa pasaron prácticamente desapercibidos para los consumidores y los inversores, lo que supuso una pérdida de reputación y minó el orgullo de los empleados por su lugar de trabajo.
El silencio verde es también evidente en sectores como la hotelería y la producción de alimentos, donde las empresas que implementan medidas de ahorro de energía o se abastecen de ingredientes certificados pueden evitar la divulgación para eludir la reacción de los activistas o la supervisión normativa. Otros ejemplos son las medidas adoptadas por las grandes entidades de inversión para eliminar las referencias a los objetivos climáticos en sus declaraciones sobre "inversiones conscientes" y la retirada de los banqueros de la Alianza Bancaria Net-Zero de las Naciones Unidas.
Para las corporaciones, la búsqueda de sostenibilidad es un acto de equilibrio. Las divulgaciones transparentes basadas en evidencias son fundamentales para el cumplimiento normativo y el compromiso de las partes interesadas, pero los riesgos de afirmaciones exageradas u ocultamiento son reales. Para sortear estos dos peligros, las juntas y los ejecutivos deben invertir en una gobernanza sólida, la mejora continua y un diálogo continuo con las partes interesadas.
Los controles internos, la verificación de datos y la garantía de terceros son cada vez más habituales, lo que ayuda a las empresas a fundamentar sus afirmaciones y evitar riesgos legales. El compromiso con los inversores, empleados y comunidades también puede generar confianza y resiliencia, y posicionar a las empresas para hacer frente a los cambios de políticas y la turbulencia de los mercados.
Las ventajas de la sostenibilidad —desde la mitigación de riesgos hasta la retención de talentos— son innegables, pero el camino por delante está lleno de complejidades. Las divisiones jurisdiccionales, desde las normas audaces de California hasta las prioridades cambiantes de la UE, exigen agilidad y visión de los líderes corporativos. El espectro de los litigios de los accionistas, junto con los riesgos del ecoblanqueo y el silencio verde, subraya la necesidad imperiosa de actuar con honestidad, transparencia y estrategia.
Aun así, la sostenibilidad ofrece más que mero cumplimiento o evitación de riesgos: es un impulsor de la innovación, la resiliencia y el valor a largo plazo. Al concentrarse en ganadores claros, como los programas que mejoran el cumplimiento ambiental a través de reducciones en la generación de residuos, las corporaciones pueden reducir los costos generales y los pasivos a largo plazo. Las empresas que incorporan los principios de la sostenibilidad en sus modelos de negocio, invierten en la mejora continua y se comunican auténticamente no solo sortearán la incertidumbre normativa sino que también surgirán más fuertes y más rentables.
Las juntas y los ejecutivos deben ajustar su mentalidad y ver la sostenibilidad no como una carga sino como un catalizador del crecimiento y la diferenciación. La inversión proactiva en investigación, desarrollo y compromiso con las partes interesadas ayudará a las organizaciones a aprovechar nuevas oportunidades y mantener la credibilidad en un mundo que cambia rápidamente.
La documentación y la transparencia son defensas fundamentales contra los desafíos legales, mientras la supervisión continua de las políticas y las tendencias de los mercados aseguran la adaptabilidad. En última instancia, las empresas más exitosas tratarán la sostenibilidad como un principio esencial de la estrategia, alineando las ganancias, los objetivos y la gobernanza para asegurar su posición en el mercado global.
Navegar por las contracorrientes de la sostenibilidad requiere valentía, criterio y un compromiso con el aprendizaje continuo. Al adoptar estos principios, las corporaciones pueden construir un futuro que no sea solo rentable sino también justo, resiliente y merecedor de la confianza depositada en ellas por los accionistas y la sociedad por igual.
Le agradecemos a nuestro colega John Peiserich por aportar sus conocimientos y experiencia, que fueron de gran ayuda en esta investigación.
John F. Peiserich es vicepresidente ejecutivo y líder de la práctica de Medioambiente, Salud y Seguridad de J.S. Held. Con más de 30 años de experiencia, John ofrece servicios de consultoría y servicios expertos para la industria pesada y estudios de abogados de todo el país, centrándose en el petróleo y el gas, la energía y los servicios públicos. Además, ha actuado como perito en procedimientos de arbitraje y en tribunales estatales y federales. Tiene una vasta experiencia en la evaluación del riesgo asociado a las obligaciones de cumplimiento potenciales y continuas, en el desarrollo de estrategias en torno a esas obligaciones y en la aplicación de una estrategia de cumplimiento centrada en el cliente. El Sr. Peiserich tiene designaciones como monitor independiente a través del Programa de Suspensión e Inhabilitación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Apoya habitualmente a sus clientes en la elaboración de normas y en cuestiones legislativas relacionadas con la energía, el medioambiente, el petróleo y el gas, y otras cuestiones relacionadas.
Puede comunicarse con John escribiendo a [email protected] o llamando al +1 504 360 8373.
Obtenga más información sobre las consecuencias de los posibles retrocesos normativos, las repercusiones y los riesgos para las empresas de EE. UU. y cómo pueden sortear las empresas todo tipo de turbulencias normativas...
A mediados de noviembre de 2022, el parlamento europeo adoptó la directiva corporativa de informes de sostenibilidad (CSRD), una importante expansión de la directiva de informes no financieros (NFRD) de 2014. Las nuevas normas cuadruplicarán la cantidad de compañías que deben brindar...