Perspectivas
A mediados de noviembre de 2022, el parlamento europeo adoptó la directiva corporativa de informes de sostenibilidad (CSRD), una importante expansión de la directiva de informes no financieros (NFRD) de 2014. Las nuevas normas cuadruplicarán la cantidad de compañías que deben brindar informes de sostenibilidad y expandirá los requisitos de presentación de informes a empresas no europeas con una presencia significativa en la UE. El Consejo de la Unión Europea, la entidad de ministros nacionales que adopta leyes aprobadas por el Parlamento Europeo, ratificó esta versión final el 11 de noviembre de 2022. Está previsto comenzar la implementación de esta directiva en las empresas de mayor tamaño para principios de 2024 y continuar con las empresas más pequeñas en el transcurso de los siguientes dos años.
Los requisitos de divulgación de la CSRD se promulgan en las Normas Europeas sobre Informes de Sostenibilidad (ESRS), un marco estandarizado de reglas para empresas que estarán sujetas a la CSRD. A partir de 2020, la Comisión Europea delegó la preparación de nuevas normas sobre informes de sostenibilidad al Grupo Asesor Europeo de Información Financiera (EFRAG), una asociación privada que es principalmente financiada por la UE. Después del período inicial de elaboración preliminar y aportes, el EFRAG aprobó la versión final en noviembre de 2022, que incluyó 12 normas sobre informes, como contaminación, cambio climático, trabajadores en la cadena de valor, usuarios finales y conducta empresarial.
La siguiente información podría ser particularmente interesante para empresas de los EE. UU. y de otros países que no sean parte de la UE y que podrían tener que cumplir esta nueva norma debido a factores financieros.
Esta decisión tiene un impacto, sobre todo, en las empresas fuera de la UE. Las empresas con una gran presencia en la UE, que la CSRD define como generar $150 millones o más por año, estarán sujetas a los requisitos sobre informes de la CSRD según lo estipulado en las ESRS. Las empresas que reúnan los requisitos deberán presentar el mismo informe anual que las empresas europeas. El CSRD sí permite a la Comisión Europea aceptar normas extranjeras sobre informes de sostenibilidad como equivalentes a los requisitos europeos y, por lo tanto, eximir a empresas extranjeras de tener que presentar informes que se superpongan. No obstante, parece poco probable que la UE considere aceptar los requisitos sobre informes de la SEC propuestos por los EE. UU. que no han sido probados como equivalentes a las exhaustivas obligaciones dispuestas por las ESRS.
Tal vez la incorporación más complicada a la CSRD es el requisito de que las empresas deban someter sus informes de sostenibilidad a un proceso de auditoría y certificación independiente. Esta obligación, que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordaron en el verano de 2022, surge en el medio de un ataque mundial al "ecoblanqueo", que consiste en la práctica cada vez más difundida asumida por las empresas de exagerar su sostenibilidad en aras de apaciguar a los consumidores o reguladores. Los legisladores continúan diseñando maneras de reprimir esta práctica, especialmente a medida que los informes de sostenibilidad se formalizan cada vez más. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) recientemente publicó guías preliminares que requerirían que un fondo de inversión con un nombre relacionado con un programa ambiental, social y de gobernanza (ESG) (según lo definido en las guías) garantice que el 80 % de sus inversiones respalden políticas de ESG. Al mismo tiempo, la ESMA y otras entidades regulatorias financieras de la UE solicitaron formalmente ayuda de expertos de la industria para comprender mejor los riesgos asociados con el ecoblanqueo, particularmente en el sector financiero, para orientar la legislación en el futuro.
Posibles reglas adicionales
Con el fin de combatir el ecoblanqueo, el RU también ha propuesto reglas para exigir a los administradores de activos que respalden sus afirmaciones sobre sostenibilidad. La Autoridad de Conducta Financiera ("FCA"), la entidad que regula la conducta de la industria financiera del RU, tiene previsto para mediados de 2023 finalizar reglas que restringirán las etiquetas relacionadas con ESG y exigirán divulgaciones orientadas a los consumidores respecto de cualquier producto de inversión del que se afirme que es sostenible.
Este mercado en evolución de datos de sostenibilidad ha creado múltiples firmas y organizaciones sin fines de lucro que proporcionan datos de ESG y califican la sostenibilidad de las empresas. El próximo paso en la protección contra el ecoblanqueo parece ser optimizar y regular estos proveedores de datos. El año anterior, la Organización Internacional de Comisiones de Valores instó a reguladores de todo el mundo a que mejoren la transparencia de los proveedores de calificaciones de ESG. Recientemente, la FCA del RU anunció que estaba trabajando en un código de conducta formalizado para proveedores de calificaciones y alentó a los proveedores a que, mientras tanto, siguieran códigos de conducta voluntarios para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. El tiempo dirá si el RU verá alguna vez la necesidad de que las calificaciones de ESG sean un servicio nacionalizado y si la UE seguirá este proceder.
Mientras tanto, las empresas están en riesgo. La presencia de requisitos incompatibles en distintos límites jurisdiccionales generan inquietudes reales en la comunidad empresarial. A medida que las autoridades regulatorias impongan nuevas obligaciones sin que exista una armonización entre las autoridades, las empresas, en ocasiones, presentarán informes que aborden conjuntos de datos idénticos en respuesta a solicitudes de datos ligeramente distintas. Si se combinan esas ligeras diferencias con informes de sostenibilidad voluntarios, las empresas estarán, sin quererlo, posicionadas para el fracaso. Entre los riesgos más significativos a los que se enfrentan las empresas hoy en día, se encuentran los informes y las divulgaciones relacionados con el clima que son incompatibles. Una preparación minuciosa, que incluye comprender los datos subyacentes, es fundamental.
Nos gustaría agradecer a John Peiserich y Jessica Edens por brindar sus conocimientos y experiencia, que fueron de gran ayuda para esta investigación.
John Peiserich es vicepresidente ejecutivo y líder de la práctica de Medioambiente, Salud y Seguridad. Con más de 30 años de experiencia, John ofrece servicios de consultoría y servicios expertos para la industria pesada y estudios de abogados de todo el país, centrándose en el petróleo y el gas, la energía y los servicios públicos. Además, ha actuado como perito en procedimientos de arbitraje y en tribunales estatales y federales. Tiene una vasta experiencia en la evaluación del riesgo asociado a las obligaciones de cumplimiento potenciales y continuas, en el desarrollo de estrategias en torno a esas obligaciones y en la aplicación de una estrategia de cumplimiento centrada en el cliente. El Sr. Peiserich tiene designaciones como monitor independiente a través del Programa de Suspensión e Inhabilitación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Apoya habitualmente a sus clientes en la elaboración de normas y en cuestiones legislativas relacionadas con la energía, el medioambiente, el petróleo y el gas, y otras cuestiones relacionadas.
Puede comunicarse con John escribiendo a [email protected] o llamando al +1 504 360 8373.
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