Estudios de caso
Un granjero de California era dueño de alrededor de 540 acres en Arizona y puso su propiedad a la venta en 2019. A través de un intermediario, una compradora interesada se comunicó con el granjero. La compradora manifestó que tenía un consorcio de inversores preparados para financiar un proyecto enfocado en el cultivo y procesamiento de cáñamo para la venta de diversas formas (proyecto de cáñamo). A principios de 2020, las partes celebraron un contrato de compraventa de granja (FPA), en virtud del cual el granjero de California le vendió la propiedad a la compradora.
La compradora incumplió los requisitos vinculados con el pago inicial del FPA. No obstante, el granjero optó por celebrar tres subsiguientes contratos de reparto de ingresos (RSA) con la compradora, ostensiblemente con la meta de que el proyecto sea exitoso y, a fin de cuentas, de que la compradora pueda cumplir con el FPA. En virtud de dos de estos RSA, el granjero debía brindar una financiación adicional sobre la base de que la compradora cumpliera con determinados parámetros. El granjero suministró algo de financiación, pero la suspendió cuando la compradora no cumplió con los parámetros requeridos.
Al final, el proyecto de cáñamo falló, y la compradora no cumplió con el FPA. El granjero solicitó un embargo de la propiedad en 2022 y, a continuación, presentó una demanda contra la compradora. Esta presentó una contrademanda contra el granjero, en la que alegó que el proyecto de cáñamo falló debido a que el granjero no suministró toda la financiación detallada en los diversos RSA. La contrademanda alegó que la compradora perdió posibles ganancias de $81 millones debido a que el granjero no cumplió con la financiación de $60 mil dólares.
Los profesionales de la oficina de Phoenix de J.S. Held que trabajan ampliamente en el sector de cannabis fueron contratados para evaluar el reclamo de $81 millones por daños descrito en la contrademanda. La compradora no brindó opiniones de peritos ni respaldo para su reclamo por $81 millones. Para brindar su opinión como expertos, nuestros profesionales evaluaron el FPA y cada uno de los subsiguientes RSA, la investigación sobre la industria del cáñamo y numerosos otros documentos. J.S. Held demostró que los daños alegados por la compradora no tenían respaldo, eran especulativos y no habían sido calculados según un grado de certeza razonable. Asimismo, J.S. Held demostró que la compradora no suministró pruebas de que la presunta falta de financiación de $60 mil dólares para el proyecto ocasionó o podría haber ocasionado pérdida alguna, ni mucho menos las pérdidas alegadas de $81 millones. Por último, J.S. Held demostró que la compradora no intentó mitigar los daños de forma adecuada.
Paula Durham, CFE, CCCE
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